Marienele Cabrera, juez en el departamento del Caquetá, se ha convertido en el centro de un debate nacional luego de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abriera un proceso en su contra por el contenido que comparte en redes sociales.
En sus cuentas de TikTok e Instagram, la funcionaria suele aparecer bailando, cantando o mostrando su estilo personal y su manera de vestir. Lo que para muchos son publicaciones cotidianas, para algunos ciudadanos resultó cuestionable. Dos personas interpusieron una queja formal alegando que esas actividades dañaban la “imagen de un funcionario de la Rama Judicial”.
Una investigación polémica
A partir de esa denuncia, la Comisión abrió un proceso disciplinario e incluso le solicitó a Cabrera entregar sus dispositivos móviles para revisar su actividad. Ella se negó a esa petición y, en lugar de guardar silencio, decidió hacer pública la situación, explicando lo que estaba ocurriendo y expresando su inconformidad.
Esa decisión le costó la apertura de un segundo expediente, esta vez por divulgar detalles de un procedimiento que, en teoría, debía permanecer reservado. Con ello, la juez pasó de ser una funcionaria discreta y alejada de la opinión pública, a convertirse en noticia nacional y en el rostro de un debate que toca temas de género, derechos individuales y libertad de expresión.
Una vida marcada por la guerra
Más allá de la polémica por sus redes sociales, la historia de Cabrera refleja la crudeza del conflicto armado en Colombia. Su padre fue asesinado por la guerrilla, su único hermano fue reclutado a la fuerza y posteriormente ejecutado, y su madre sufrió desplazamiento forzado y la pérdida de sus bienes. Años después, cuando ella ya se desempeñaba como profesional, su esposo —un oficial del Ejército— también fue asesinado, dejándola sola con una hija de apenas seis meses.
Con ese historial de violencia y dolor, Cabrera encontró en la justicia una forma de resistir y de reconstruir su vida. Decidió convertirse en juez en el Caquetá, uno de los departamentos más golpeados por la guerra, y durante años ejerció su labor en estrados judiciales sin figurar en titulares.
Reacciones y apoyo de juristas
El proceso en su contra no pasó desapercibido en el mundo jurídico. Varios penalistas y académicos han manifestado su rechazo, considerando que se trata de una medida desproporcionada.
El abogado Iván Cancino, por ejemplo, afirmó que lo sorprendente no es la queja en sí, sino que la Comisión le haya dado trámite. Señaló que basta con revisar los videos de la juez para ver que son publicaciones comunes, similares a las que realizan miles de mujeres en redes sociales, y que no contienen nada vulgar ni ofensivo. Según él, el caso podría estar atravesado por un sesgo de género.
La voz de la juez
Cabrera, lejos de retroceder, ha utilizado este episodio como una oportunidad para reafirmar su identidad y sus convicciones. En diferentes mensajes publicados en redes sociales, se ha descrito como una mujer resiliente y decidida a no dejarse intimidar.
“Nunca pensé que tendría que defender mi dignidad y mi autonomía frente a la administración de justicia. Mi voz se sostiene en la solidez de mi trabajo y en la fortaleza que la violencia no logró arrebatarme. No encajo en moldes machistas y no permitiré que me silencien”, aseguró recientemente.
Un debate abierto
El caso de la juez del Caquetá plantea un interrogante de fondo: ¿hasta dónde llega la vida privada de los funcionarios públicos y en qué medida el uso de redes sociales puede convertirse en motivo de sanción disciplinaria?
Mientras avanza el proceso en la Comisión de Disciplina Judicial, Cabrera insiste en que defenderá no solo su nombre, sino también el derecho de cualquier servidor público a tener una vida personal sin que esta se convierta en objeto de persecución.